:: Ladrones con Corbata ::

Obedeciendo órdenes judiciales, la policía de investigaciones ha procedido en los últimos días al cierre y confiscación de equipos de algunas radios comunitarias de la zona de Valparaíso, afectando a una amplia y variada gama de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, colectivos culturales, artistas y niños. ¿El delito? Participación en la utilización de un espacio público, con fines culturales.

No es la idea adoptar una posición antojadiza sobre el tema. Estamos ante una situación a todas luces arbitraria, que en la práctica, contradice el espíritu de cualquier sociedad moderna. Porque, ¿es justo que una persona que se dedica a lucrar con un dial de la frecuencia modulada – que por ley es de todos los chilenos – se querelle contra quienes no quieren ser como él? ¿Por qué ese señor puede ganar dinero haciendo radio, y nosotros como ciudadanos no podemos hacer lo mismo (radio) pero sin ánimo de lucro?

Simplemente, estamos ante otra muestra del robo legal que día a día realizan políticos, empresarios, jueces, legisladores y abogados, al erario (tesoro público) nacional y social. Estamos ante un nuevo ataque de los ladrones con corbata, que esta vez nos han robado equipos y derechos amparados por la aterradora burocracia judicial.

LA CONSTITUCIÓN SE CONTRADICE A SÍ MISMA

La situación que hoy afecta a las comunitarias porteñas puede ser vista como otra réplica de la dudosa Constitución que aún rige el país. Los ladrones de cuello y corbata que se abalanzaron sobre el erario nacional tras 1973, siguen haciendo leyes a su medida y sin considerar la realidad de la mayoría. Ahora, buscan y roban los equipos de las comunitarias, conseguidos a punta de esfuerzo y utilizados con fines netamente vecinales y culturales. Incluso muchos de esos equipos requisados fueron adquiridos con dineros del Estado a través de proyectos como el Fondart. Una interesante paradoja.

Esto nos lleva a otro aspecto, el más mediocre: el cierre de radios comunitarias contradice incluso lo establecido por la Constitución vigente, en cuanto a libertades públicas, ciudadanas, y de comunicación. ¿Quién está haciendo mal la pega entonces? ¿La Constitución condenándose a sí misma?

Otra mirada – más política – nos recuerda que el lenguaje de los ladrones se construye desde la desinformación, y por eso las radios comunitarias están siendo silenciadas. Las personas ignorantes (y desinformadas) son más fáciles de manipular en todo sentido, desde el voto político hasta la publicidad. O sea, el engaño como herramienta de dominación.

NO NOS CALLARÁN

Ningún Estado del mundo tiene derecho a confiscar los equipos de las radios comunitarias. La gente tiene derecho a comunicarse, a crecer en su cultura. El Estado debe establecer una representación equilibrada de todas las formas de radiofonía: la comercial, la vecinal, la comunitaria. Pero cuando se tiene un Congreso desperfilado, lleno de lobbistas pagados por las grandes corporaciones, estas ideas – que ya se han aplicado en las leyes de otros países latinoamericanos – se alejan como en el cuento de la utopía y el horizonte. No importa. Insistimos y avanzamos tras la utopía.

Porque una de las emisoras comunitarias más importantes del país, Radio Placeres, sigue con sus transmisiones al tope, sonando por el 87.7 FM en toda la urbe porteña y viñamarina. Los allanamientos pasaron por al lado y la Placeres, que está cumpliendo 20 años de transmisiones, sigue firme a la izquierda del dial.

Desde esa vigencia, románticamente puntuda, juguetona, risueña, se exige que mientras esté discutiéndose en el Congreso una nueva ley de radios comunitarias, como sucede actualmente, el Estado, el gobierno y la clase política deben suspender la aplicación de la vieja legislación, que es la que está allanando emisoras sin fines de lucro obedeciendo a una querella igual de trasnochada como la presentada por la ARCHI en Valparaíso.

Eso es lo más justo y lo que debe convocar la acción de todos quienes dicen apoyar la libertad de expresión y la construcción de un país de verdad más democrático: una suspensión de los allanamientos e incautaciones hasta que la nueva ley no esté aprobada con el acuerdo de todos los involucrados.





Por AOM
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